1. Introducción: la verdad que no aparece en los papeles

En algunos procedimientos judiciales, la documentación oficial no basta para reflejar la realidad. En estos casos, la figura del detective privado cobra especial relevancia. Este es el caso de Ferran Rocandio, quien logró aportar pruebas contundentes en un proceso de modificación de medidas, desmontando una situación de economía sumergida.

2. El procedimiento judicial: modificación de medidas

El pasado 8 de abril de 2025, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Mollet del Vallès resolvió el procedimiento contencioso 782/2024, promovido por “Manuel Torres” (seudónimo) contra “Lucía Delgado” (seudónimo). El objeto: solicitar la extinción de una pensión de alimentos establecida en una sentencia de divorcio previa.

Dicha pensión, de 300 euros mensuales, había sido impuesta en mayo de 2021 debido a la supuesta situación de desempleo de la madre, aunque ambos progenitores compartían la custodia de la hija.

3. El conflicto de fondo: ¿desempleo real o ingresos encubiertos?

En septiembre de 2024, el padre interpuso una demanda de modificación de medidas, alegando que la situación económica de su ex pareja había cambiado sustancialmente. Ella, por el contrario, no solo negó los hechos, sino que reconvinó solicitando una custodia casi exclusiva y la modificación del régimen de parentalidad.

La batalla judicial estaba servida. Pero lo que marcaría el desenlace no sería un cruce de alegaciones, sino un informe de investigación.

4. La investigación de Ferran Rocandio, clave en el proceso

La defensa de Manuel aportó un informe pericial elaborado por Ferran Rocandio, Investigador Privado, que demostraría que la madre de la menor realizaba una actividad económica constante como terapeuta holística, mientras continuaba cobrando un subsidio de 480 € mensuales por desempleo.

El informe no solo documentaba esa actividad, sino que lo hacía de forma metódica, verificable y ajustada a derecho.

5. Las pruebas que marcaron la diferencia

• Perfiles en redes sociales vinculados a su nombre y profesión.
• Ficha en directorios como Facebook, Páginas Amarillas y centros como “Espai Empodera’t”.
• Web propia con precios visibles (de 50 a 75 € por sesión).
• Fotos y vídeos de sesiones grupales presenciales y online.
• Registro de actividad desde 2023.
• Presencia del investigador en una sesión, donde algunos asistentes pagaron en efectivo hasta 90 €.

6. La sentencia y sus implicaciones

La jueza no tuvo dudas:

“Sería contrario a las reglas de la lógica y la razón considerar que la demandada dedica horas diarias desde hace más de un año a una actividad que no le reporta ingreso alguno.”

El fallo fue claro:

• ✅ Se estima la demanda principal (extinción de la pensión).
• ❌ Se desestima la reconvención de la demandada.
• ⚖️ No se imponen costas.

A partir de ahora, cada progenitor asumirá los gastos ordinarios de la menor cuando esté bajo su cuidado.

7. Reflexión: el valor del detective privado en la justicia familiar

Este caso no solo refuerza la necesidad de probar los hechos en derecho civil. También pone de relieve el papel del investigador privado como herramienta legítima y efectiva para descubrir verdades que no aparecen en una nómina ni en una declaración de IRPF.

“Un detective privado no solo recoge pruebas: reconstruye contextos y ayuda al juez a ver más allá del papel.”

8. Preguntas frecuentes

¿Puede un informe de detective privado modificar una sentencia?

Sí, como ha ocurrido aquí, siempre que sea legal, objetivo y bien documentado.

¿Es legal investigar a alguien que recibe ayudas públicas?

Sí, si se respeta la legislación vigente, la intimidad y los derechos fundamentales.

¿Qué pruebas puede aportar un detective en juicio?

Imágenes, vídeos, testimonios, análisis de redes, simulaciones, informes y más, siempre dentro del marco legal.