El Tribunal Supremo y la Validez de las Pruebas de Detectives en el Ámbito Laboral

La reciente sentencia del Tribunal Supremo (STS de 12 de septiembre de 2023, reitera doctrina ) ha reavivado el debate sobre la legalidad de recurrir a detectives privados para recabar pruebas en casos de sanciones laborales, incluidos despidos. Esta decisión judicial subraya la importancia de cumplir con los criterios de idoneidad, proporcionalidad y necesidad, a pesar de que la existencia de meras sospechas pueda ser considerada suficiente para justificar la contratación de un detective. Aunque esta práctica puede entrar en conflicto con derechos fundamentales, como el derecho a la intimidad, el TS ha delineado pautas claras al respecto.

Contexto del Caso

Un empleado, dedicado a la limpieza de cristales e instalaciones como polideportivos, fue objeto de seguimiento por parte de un detective, decisión tomada por su empresa en febrero de 2021. Basándose en el informe del detective, la empresa procedió al despido del trabajador, argumentando múltiples incumplimientos y comportamientos peligrosos, incluyendo trabajar bajo los efectos del alcohol. Este despido fue inicialmente declarado nulo por vulnerar el derecho a la intimidad del trabajador, aunque esta decisión fue posteriormente revocada por el TS, subrayando la licitud de la prueba obtenida por el detective.

Decisiones Judiciales y Principios Aplicados

La sentencia del TS no solo ha reafirmado la posibilidad de recurrir a detectives privados ante la sospecha de incumplimientos laborales sino que también ha precisado que la validez de dichas pruebas no depende de la existencia de sospechas fundadas. Sin embargo, el TS ha marcado que, aunque la prueba es lícita, el despido es improcedente al no acreditarse completamente los hechos imputados al trabajador.

Implicaciones para la Privacidad y la Vigilancia Laboral

Esta decisión destaca la delicada balanza entre el poder de dirección empresarial y los derechos fundamentales de los trabajadores, especialmente en lo que respecta a la privacidad. La jurisprudencia del TS indica que, aunque la vigilancia de los empleados es admisible bajo ciertas condiciones, debe realizarse con respeto a los principios de razonabilidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad.